La reforma busca incluir a más personas naturales para recaudar recursos. Foto: tomada de bit.ly/3cjvSuQ

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) plantea el pago de impuesto a la renta a personas naturales con ingresos de $1500000, con el fin de ampliar el espectro de recaudo en un 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Podría resultar efectivo para ese propósito, según analistas, pero no debe afectar a personas de ingresos reducidos.
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Dado que este año se discutirá una reforma tributaria, han surgido propuestas para tener en cuenta y una de ellas la hizo recientemente Anif. La de incluir en el pago de impuesto a la renta a quienes devenguen entre 1,5 y 3,2 millones de pesos con una estructura progresiva y con tarifas entre el 5 y el 15% es solo uno de los aspectos de la proposición que hace tras un balance de la situación económica de Colombia, que atraviesa mayores dificultades luego de un año de pandemia.

La proposición, además, busca favorecer la inversión en el empleo y mejorar la eficiencia del esquema fiscal asociándolo a la política de reorganización del gasto, según la maestra y doctora en Economía Durfari Janive Velandia Naranjo, profesora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Medellín.

Acerca de si la propuesta puede resultar útil, la docente afirma que habría que preguntarse para qué. Si es para recaudar más dinero, dice que sí, “porque según los cálculos de Anif, a pesar incluso de la caída del empleo, se podría lograr un aumento en la base tributaria y pasar de 1,6 millones de contribuyentes a considerar 5,3 millones de ellos”.

Si se compara el déficit actual que se necesita cubrir, el cual es alto y calculado en el 9% del PIB, con una reforma tributaria que recoge un 1%, la apuesta no funcionaría, de acuerdo con la docente.

En cuanto a modelos de contratación, la medida, según ella, incentivaría que las personas busquen estar como informales, pues “a los vinculados les sacan (el rubro del impuesto) porque los trabajos formales se reportan a la DIAN, pero en quienes son prestadores de servicios se podría impulsar la elusión para que no haya formalidad en esa transacción”.

No obstante, cree que el problema es más profundo, porque afirma que lo que existe en el país es un choque extremo que se dio con la baja de los precios del petróleo a raíz de la pandemia, pero que se vinculó a otras dificultades estructurales.

Se refiere a que la situación afectó el ahorro de la Nación, la inversión, la producción y, por lo tanto, el empleo. La docente expone que se genera una especie de círculo vicioso que requiere de más transferencias sociales y que afecta también el crecimiento económico en el que contribuyen las empresas. Es en ese sentido, asevera, que con la reforma se pretende obtener recursos de las personas naturales y no de las jurídicas.

¿Apropiado?

En su opinión plantearlo así no es necesariamente malo, pero “debe tener un contexto: que el salario de las personas esté fijado por su productividad y no que esté por debajo, como es el caso colombiano. Si las personas tienen un mejor ingreso pueden aportar, de manera más importante que las empresas, y estas no afectarían el ahorro privado para invertir”.

La profesora Velandia Naranjo hace una reflexión en torno a que debe haber un cambio en el salario, el cual debe mejorar: “De ser así, ¿quién tendría complicación para pagar más?”.

Disiente un poco del planteamiento de la Anif, que se fundamenta en captar una pequeña cifra a gran cantidad de personas naturales, sobre lo que la entidad no considera que haya mayor complicación o dificultad, según ella, quien considera que “uno no tiene que caer en esas superficialidades. Si bien es cierto que se necesitan medidas que impacten rápido, también se pueden generar los cambios que necesitamos para avanzar, en un largo plazo, hacia condiciones mejores”, expresa.

Algo similar considera Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, quien expone que el diagnóstico inicial hecho por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es que en Colombia el 80% del recaudo tributario “viene del bolsillo de las empresas, mientras que apenas el 20% lo pagan las personas naturales”.

Afirma que, si bien es probable que reformas más estructurales podrían llevar a que se reciba más dinero, se debe hacer claridad de que “la estructura tributaria de los países no puede castigar a las personas de menores ingresos y, al mismo tiempo, premiar con exenciones a los grandes capitales en una economía”.

Según Daniel Osorio Barreto, decano de la Facultad de Estudios Sociales y Empresariales de la Universidad Autónoma de Manizales, hay gran responsabilidad tributaria sobre personas de ingresos medios o clase media que “actualmente se siente asfixiada y, que por la pandemia, hay quienes incluso han pasado a tener ingresos bajos o a estar en mayor condición de vulnerabilidad, por lo que es ahí donde puede haber un riesgo social grande”.

Aporte empresarial

Colombia es uno de los países que sobresale por una alta tasa de tributación a empresas, de acuerdo con el profesor Osorio Barreto, para quien uno de los errores en los que se puede incurrir es generalizar, dado que en la nación hay diferentes tamaños y niveles de las organizaciones: micro, pequeñas, medianas y grandes.

En ese sentido, manifiesta que uno de los aspectos que más se ha defendido es pensar que las organizaciones tienen ya una carga tributaria amplia que incluso afecta el desarrollo económico, “pero depende del tipo de empresa. Hay casos particulares de grandes que sí tienen exenciones que es necesario eliminar. Se trata de plantear una reforma estructural en la que estas desaparezcan y haya una regla más clara de progresividad, equidad y neutralidad”.

La infraestructura hotelera y el sector manufacturero, por ejemplo, han gozado del beneficio de las exenciones por varias décadas, como lo cuenta el profesor Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario. “Es realmente complejo e inconveniente desde el punto de vista de equidad, acuerdos generales y buen diseño tributario”, coincide.

Cultura tributaria

Con respecto a la acogida de la propuesta de Anif por parte de la población general, el profesor Osorio Barreto opina que se evidencia “una grieta” en la educación financiera: “Si desde el colegio tuviéramos una mejor formación en finanzas personales este tema sería de gran trascendencia para todos, así como la comunicación, porque lamentablemente las reformas se aprueban en el Congreso finalizando el año cuando pocas personas prestan cuidado a esa noticia”.

Los expertos, los medios y la academia deben estar muy atentos, en su consideración, para monitorear no solo la reforma sino los cambios que esta sufre. De ahí que cree importante pensar también en aumentar los ingresos vía impuestos sino plantear otras estrategias de financiación y reducción del gasto público.

Análisis global

Para el profesor Sepúlveda se necesitan acuerdos sociales en los que “todos tengamos que poner un poco”, y ante la situación “pos-covid” no solo se deben plantear una reforma tributaria sino también una integral que lleve a ajustes estructurales en otros temas como el de mercado laboral y pensional frente al gasto y al ingreso.

La profesora Velandia Naranjo también considera que las políticas estructurales son, hasta ahora, una deuda. La formulación de la Anif le resulta insuficiente, porque expone que el país actualmente está en un conflicto entre crecimiento económico y distribución de ingreso, que es lo que se evidencia en la propuesta de reforma.

(FIN/KGG)

15 de marzo de 2021